La justicia en España es un cachondeo. O una mierda. O una vergüenza. O… ¿Cuántas veces hemos dicho u oído todos esos calificativos tras conocer una sentencia judicial? Al hacerse pública la lamentable resolución del caso más impactante de los últimos años en nuestro país a la espera de lo que suceda con los niños de Córdoba que probablemente tampoco aparecerán nunca porque el trastornado de su padre no cantará, todos nos hemos volcado en descalificarla por lo que considerábamos injusto, es decir, que todos aquellos individuos que formaron parte de la trama que hizo desaparecer, literalmente, a Marta del Castillo, han salido indemnes. Todos estamos convencidos de su participación o encubrimiento y todos les habíamos sentenciado a la hoguera antes de tiempo, pero la única realidad es que el condenado a 20 años de prisión, que no cumplirá porque en la cárcel se encargarán de él, pueden estar seguros, fue quien confesó haber asesinado a esa pobre niña con un cenicero. Todos los demás tomaron parte, de eso no nos cabe duda a nadie, pero solo ha bastado su silencio cómplice para que un juez, con mayor o menor fortuna, sentencie que no hay pruebas para condenar a nadie más. Y lo cierto es que razón no le falta ya que al no haber cadáver, Dios sabe dónde dejaron a esa niña, el magistrado solo disponía de la confesión de Carcaño como autor material del crimen, y los demás se han acusado entre ellos y cambiado sus declaraciones en multitud de ocasiones para conseguir crear un clima de contradicciones ante el que la falta de pruebas ha obligado al juez a absorberlos a todos. Probablemente el juicio de la calle convertirá a todos los implicados en personas que no podrán volver a hacer una vida normal, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que lo tienen merecido, el aislamiento y el ostracismo al que les someterá toda la sociedad española a partir de ahora por su asquerosa complicidad en el asesinato de la joven.
En Estados Unidos disponen de varios elementos que impiden en buena medida que sentencias como el caso Marta del Castillo no se produzcan. El primero y para mí más importante es la elección habitual de jurados populares para los casos penales más notorios en cuanto a la repercusión social. En España también existe esa figura jurídica desde hace unos pocos años pero rara vez se forman porque los jueces en su eterno afán de popularidad y su egocentrismo innato de ejercer de protagonistas absolutos de la jugada acaparan dichos casos y no permiten su formación, lo cual colabora en buena medida a que haya decenas de miles de procesos guardando polvo en los juzgados provinciales y en la nefasta Audiencia Nacional, plagada de jueces-estrella deseosos de aparecer en las cámaras de televisión a diario. ¿Alguno de ustedes ha formado parte de un jurado popular? Yo voy a cumplir 40 años y jamás me han convocado, como tampoco me han hecho nunca una encuesta por la calle y por la calle Pelayo y las Ramblas de Barcelona lo tuvieron bastante fácil durante años por no hablar de Gran Vía y Recoletos en Madrid. Me viene a la memoria en esta ocasión la para unos brillante y para otros sobornada actuación de un juez que todos conocemos, que se declaró competente para investigar las víctimas del franquismo, pero cuando los familiares de los asesinados en Paracuellos acudieron suplicándole que investigara sus ejecuciones se inhibió del caso. No hay jueces independientes y cuando te prometen un ministerio de Justicia, la honestidad sale por la ventana. A todo cerdo le llegará su San Martín.
Otros dos factores clave a la hora de retener a personas a las que es evidente que les salpica un crimen pero no hay más que pruebas circunstanciales de su participación: la causa probable y la duda razonable. En España no se aplican. Por una causa probable se detiene a un individuo que es sospechoso de haber cometido o participado en un crimen, y por una duda razonable, es decir, la participación de todos los involucrados en el caso Marta del Castillo, se condena a los implicados, o lo que sirve igual para conseguir el objetivo final, alguno de los involucrados confiesa y delata. Si en nuestro país se aplicaran dichas máximas, lo más probable es que todos los implicados en ese asesinato estuvieran hoy sentenciados aunque fuera a penas menores, de esas que a los dos años vuelves a estar en la calle aunque te hayan condenado a ocho.
Dos reflexiones más, una personal y otra que creo que cae de cajón ante casos como este: de la misma forma que mis lectores, he seguido el caso de esta pobre desdichada desde que se denunció su desaparición, y veía por televisión las imágenes de los ejemplares que formaban parte del círculo de amistades, del entorno, de la víctima. ¿A nadie más que a mí le parece que esta chusma ya pagaba con la cara? Empezando por el que todavía era menor de edad cuando se implicó en el asesinato y le llegan las greñas hasta el culo y camina por la calle como si fuera el amo del mundo y acabando por la presunta estudiante que curiosamente no vio ni oyó nada cuando en la habitación de al lado estaban asesinando a una amiga suya. No es que por ser feos o guapos merezcan una condena, pero repito: ¿A nadie más que a mí le parece que solo con verles ya tenían pinta de gentuza?
Segunda y última reflexión: nuestro pletórico Código Penal que permite que de media docena de personas implicadas en un asesinato solo una haya sido condenada y porque dijo él mismo que se la había cargado con un cenicero. Su confesión es todo lo que ha tenido el juez para poder condenar a alguien porque si no el pueblo se le hubiera echado encima aunque no duden que a ese profesional de la justicia, que no juez, le van a llover palos por todas partes. Él tiene su parte de culpa por no atreverse a condenar por presunta falta de pruebas, pero más culpa tiene nuestro Código Penal de juguete que tras la reforma impulsada por el lamentable señor Belloch alcalde de Zaragoza (así les irá a sus vecinos) y más aún lamentablemente refrendado por unanimidad en el Congreso en 1.995, ha convertido la mayoría de delitos en faltas. ¿Qué significa esto? Una falta no implica pena de prisión, y todos aquellos delitos sentenciados con dos años de prisión o menos conllevan que el condenado tampoco llegue a pisar una cárcel, que no le vendría mal para que reflexionara una temporada. Y si a eso le añadimos que por cada día de condena cumplida se resta otro a la pendiente y que por pasar la fregona en el patio de la cárcel se añade un punto positivo al expediente del preso como si estuviera en un colegio, tenemos el cachondeo de justicia que tenemos. Un último dato: un preso condenado a ocho años y un día por tráfico de drogas, cumple dos años de condena efectiva. A los dos años y un día se revisa su expediente y si ha sido buen chico en la cárcel por jugar al fútbol en el patio en lugar de clavarle un pincho a otro preso en una reyerta le conceden los denominados beneficios penitenciarios, que pasan por no acudir a la cárcel más que para dormir o los famosos fines de semana de permiso como en la mili que muchos aprovechan para desaparecer.
Obviamente, esto se hizo para desmasificar las prisiones españolas; recuerden, tenemos alrededor de 60.000 presos en nuestro conjunto de prisiones preparadas para albergar a no más de 40.000. ¿Y la solución era echarlos a todos de la cárcel y ponerlos de patitas en la calle? El 80% de los presos condenados por sentencia firme, aquella que ya no es recurrible, no se rehabilitan nunca, eso es un dato estadístico tan contundente como el de los violadores o pederastas, no es que sean unos criminales, son trastornados mentales que no pueden pertenecer a la sociedad que convive pacíficamente y sin delinquir. Pero ahí está el resultado, el mismo que se ha conseguido en Estados Unidos implantando la pena de muerte: ninguno. Los índices de criminalidad no han descendido. Y si por matar a Marta el tal Carcaño saldrá de la cárcel en 2.020 o antes, ya que lleva como preso preventivo una buena temporada y esa temporada ya cuenta como condena cumplida, podemos decirlo a voz en gritos: la justicia es una mierda. Políticos: a hacer los deberes de una vez, que da vergüenza vivir en este país.
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