Las ballenas no cantan en cautividad

Hablemos un poco más de la crisis. De los más de cinco millones de desempleados de los que se espera que lleguen a seis a lo largo de este fatídico 2.012. De la falta de soluciones mágicas que nos iba a traer Mariano por Navidad. Podemos hablar de todo sin decir nada, como suelen hacer los políticos que nos tienen tan acostumbrados a ponerse delante de un micrófono para responder con tópicos a preguntas que saben desde horas atrás que les van a hacer y tienen las respuestas preparadas.

Pero… ¿Y si hablamos de soluciones reales? Puede que nos gusten o puede que no, pero se trata de sumar, de aportar teorías que bien pueden llevarse a la práctica. El gobierno recién creado se ha empeñado en cumplir los criterios de la deuda estatal sobre el P.I.B. y me parece estupendo, pero apretándonos el cinturón lo único que conseguimos es que nos queden marcas cuando nos lo quitamos y así no se crea empleo, más bien al contrario, se sigue destruyendo. Para mí no es una prioridad que  nuestra deuda sea reducida por mucho que Merkel y Sarkozy, los dos mandamases europeos, digan lo contrario. Merkel está creando empleo y a pesar de ello perderá las próximas elecciones en su país porque tiene peor imagen que Margaret Tatcher en sus tiempos y en el fondo le da igual lo que pase en Europa porque su país crece al 3% en una época de crisis y el francés no tiene los mismos problemas económicos dentro de sus fronteras que nosotros en el nuestro.

Mi solución sería la siguiente: el Estado paga una factura astronómica por el consumo de electricidad. Europa tiene como media una dependencia del 50% en cuanto a consumo de energía; es decir, que produce apenas el 50% de lo que ciudadanos y empresas gastan y por tanto tiene que comprar la otra mitad que necesita al precio que le marcan los que la venden, léase petróleo, léase gas. En España, y para variar, esa dependencia sube hasta el 80%. Si usted tiene 10 bombillas en casa y enciende las 10, su compañía suministradora de electricidad ha comprado la potencia necesaria para encender 8 de las 10 bombillas y solo tiene la capacidad de producir energía para encender dos. Eso si no tiene la mala suerte de que le salten los plomos.

Me da igual la impopularidad de la medida para los que sean acérrimos enemigos de la fisión del núcleo en un reactor atómico. Francia dispone de 58 centrales nucleares funcionando a pleno rendimiento y nosotros de 8 reactores, la mayoría de los cuales ya ha cumplido su vida útil y funcionan con más pena que gloria. Tenemos 17 comunidades autónomas, 50 provincias sin incluir a Ceuta y Melilla, y la solución es construir una central en cada provincia española exceptuando las que ya disponen de una y solo hasta su desmantelamiento definitivo.

Imagínense la cadena de acontecimientos que conducen a que un ingeniero jefe de servicio apriete el botón que inicia los procesos previos a la fisión del núcleo: una central nuclear necesita dos requisitos para poder funcionar a nivel de localización geográfica. El primero es que debe construirse cerca de una fuente de agua para poder desviar su curso y utilizarla como refrigerante del combustible que se quema, y por motivos de seguridad no encontrarse demasiado cerca de un núcleo de población importante pero tampoco en medio del desierto dada la dificultad que ocasiona el transporte de corriente eléctrica a grandes distancias en la que se pierde parte de la cantidad transportada. Tenemos 50 provincias, todas ellas con ríos o embalses y todas ellas con terreno más que suficiente para construir una edificación que se encuentre a diez kilómetros del municipio más cercano.

Segundo: las infraestructuras. Harían falta nuevas carreteras, con lo cual estamos hablando de miles de kilómetros de asfalto que brigadas especializadas tendrían que construir previo allanamiento del suelo entre cualquiera de las carreteras ya construidas en una provincia y la específica que condujera a una central nuclear. En una central nuclear no trabajan diez personas, trabajan quinientas, por tanto se necesitarían viviendas y todo tipo de servicios, primarios y secundarios: escuelas, hospitales, centros comerciales y polígonos industriales para la industria terciaria. Trabajo para miles de personas en la fase previa, la construcción de la central.

Una central nuclear basada en el modelo EPR francés de tercera generación, a la espera del desarrollo del protocolo para la fusión fría que no llegará antes de 2.035-2.040, presenta mínimos problemas de seguridad y mantenimiento comparada con sus predecesoras generacionales. Pondré de nuevo el ejemplo francés: 58 centrales nucleares, la mayor relación entre población y número construido. Y tenemos que comprarles miles de kilovatios a los franceses porque nosotros no los producimos y construir, para disponer de la infraestructura necesaria, un buen número de kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión para que nos llegue esa energía que hemos comprado. ¿Por qué no las utilizamos para transportar la energía que nosotros mismos hemos fabricado? El Estado dejaría de pagar esa factura, se terminarían los problemas con los franceses, reacios a conceder más licencias para esas líneas porque no se fían de nosotros y el gobierno catalán no pone más que trabas para aumentar las ya existentes y todos pagaríamos menos por la factura eléctrica, esa que un mes nos vienen a ver los contadores y el mes siguiente nos cobran el doble porque les sale más barato no pagar a operarios que vayan vivienda por vivienda y los ordenadores calculan un consumo estimado que suele llegar al doble de lo habitual y al mes siguiente nos crujen con una factura absolutamente alejada de la realidad. Al menos ésta última situación parece en vías de extinción con la próxima factura bimensual que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas. No es normal que un mes de junio te llegue una factura de 40 euros por el consumo y al mes siguiente una de 120.

 Sería muy fácil para mí criticar la absurda negativa de las organizaciones ecologistas y la presión que ejercieron sobre los gobiernos socialistas para que firmaran la moratoria nuclear. Lo siento, amigos, pero a mí ahora la moratoria nuclear me trae sin cuidado y a los cinco millones de desempleados y nuestros ingenieros y doctores que forman parte de la fuga de cerebros de nuestro país hacia otros con mejores perspectivas laborales, también. No hay trabajo, no se genera riqueza y el Estado debe dinero por todas partes sobre todo por la deuda de las comunidades autónomas solo porque Pepito quiere ser diferente de Juanito. Pues dejémonos de tonterías porque no está el horno para bollos y no se pueden mantener 17 administraciones distintas cuando el 45% de la juventud española, abanico comprendido entre los 18 y los 35 años, se levanta cada mañana de la cama sin tener otra ocupación más que ir al paro y comprobar que sigue sin haber nada para ellos. Las centrales nucleares producen residuos, eso lo sabemos todos, y esos residuos son contaminantes durante miles de años, eso también lo sabemos todos, pero díganme: ¿Por qué el pueblo al que se le ha concedido la licencia para albergar un cementerio nuclear lo ha celebrado por todo lo alto? Porque generará puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo. Y eso, amigos, es lo que importa ahora. Y por cierto, para los persistentemente reticentes: en Almería disponemos de un desierto colosal para albergar un cementerio nuclear. O en los Monegros en Zaragoza, cientos de kilómetros cuadrados que solo utiliza el Ejército en una pequeña proporción, a pesar de la rumorología que afirma que se va a crear en aquel lugar un complejo lúdico a imagen y semejanza de Las Vegas. Pero yo no he visto la primera piedra por ninguna parte, y emplazamientos donde depositar con seguridad los residuos nucleares hay a docenas, solo se trata, como todo en esta vida, de hacer las cosas bien.

Una última pregunta: ¿Quién pagaría todo esto? Las compañías eléctricas, sin lugar a dudas. Supervisadas por el Estado, pasarían a ser las gestoras de las centrales ya que disponen de la infraestructura necesaria para transportar la energía generada en las centrales hasta nuestros domicilios, pero primero hay que poner el dinero sobre la mesa para después disfrutar del chollo nuclear. ¿Saben que en sus facturas eléctricas todavía abonan una cantidad cercana a los tres céntimos de euro para devolver la inversión que realizaron en los años 80 para construir centrales nucleares que después fueron paralizadas? Parece una cifra ridícula, pero hagan la suma: veinte millones de facturas eléctricas mensuales por treinta años de moratoria nuclear. ¿A que ya no les parece tan ridícula?

De jueces, sentencias y el Código Penal

La justicia en España es un cachondeo. O una mierda. O una vergüenza. O… ¿Cuántas veces hemos dicho u oído todos esos calificativos tras conocer una sentencia judicial? Al hacerse pública la lamentable resolución del caso más impactante de los últimos años en nuestro país a la espera de lo que suceda con los niños de Córdoba que probablemente tampoco aparecerán nunca porque el trastornado de su padre no cantará, todos nos hemos volcado en descalificarla por lo que considerábamos injusto, es decir, que todos aquellos individuos que formaron parte de la trama que hizo desaparecer, literalmente, a Marta del Castillo, han salido indemnes. Todos estamos convencidos de su participación o encubrimiento y todos les habíamos sentenciado a la hoguera antes de tiempo, pero la única realidad es que el condenado a 20 años de prisión, que no cumplirá porque en la cárcel se encargarán de él, pueden estar seguros, fue quien confesó haber asesinado a esa pobre niña con un cenicero. Todos los demás tomaron parte, de eso no nos cabe duda a nadie, pero solo ha bastado su silencio cómplice para que un juez, con mayor o menor fortuna, sentencie que no hay pruebas para condenar a nadie más. Y lo cierto es que razón no le falta ya que al no haber cadáver, Dios sabe dónde dejaron a esa niña, el magistrado solo disponía de la confesión de Carcaño como autor material del crimen, y los demás se han acusado entre ellos y cambiado sus declaraciones en multitud de ocasiones para conseguir crear un clima de contradicciones ante el que la falta de pruebas ha obligado al juez a absorberlos a todos. Probablemente el juicio de la calle convertirá a todos los implicados en personas que no podrán volver a hacer una vida normal, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que lo tienen merecido, el aislamiento y el ostracismo al que les someterá toda la sociedad española a partir de ahora por su asquerosa complicidad en el asesinato de la joven.

En Estados Unidos disponen de varios elementos que impiden en buena medida que sentencias como el caso Marta del Castillo no se produzcan. El primero y para mí más importante es la elección habitual de jurados populares para los casos penales más notorios en cuanto a la repercusión social. En España también existe esa figura jurídica desde hace unos pocos años pero rara vez se forman porque los jueces en su eterno afán de popularidad y su egocentrismo innato de ejercer de protagonistas absolutos de la jugada acaparan dichos casos y no permiten su formación, lo cual colabora en buena medida a que haya decenas de miles de procesos guardando polvo en los juzgados provinciales y en la nefasta Audiencia Nacional, plagada de jueces-estrella deseosos de aparecer en las cámaras de televisión a diario. ¿Alguno de ustedes ha formado parte de un jurado popular? Yo voy a cumplir 40 años y jamás me han convocado, como tampoco me han hecho nunca una encuesta por la calle y por la calle Pelayo y las Ramblas de Barcelona lo tuvieron bastante fácil durante años por no hablar de Gran Vía y Recoletos en Madrid. Me viene a la memoria en esta ocasión la para unos brillante y para otros sobornada actuación de un juez que todos conocemos, que se declaró competente para investigar las víctimas del franquismo, pero cuando los familiares de los asesinados en Paracuellos acudieron suplicándole que investigara sus ejecuciones se inhibió del caso. No hay jueces independientes y cuando te prometen un ministerio de Justicia, la honestidad sale por la ventana. A todo cerdo le llegará su San Martín.

Otros dos factores clave a la hora de retener a personas a las que es evidente que les salpica un crimen pero no hay más que pruebas circunstanciales de su participación: la causa probable y la duda razonable. En España no se aplican. Por una causa probable se detiene a un individuo que es sospechoso de haber cometido o participado en un crimen, y por una duda razonable, es decir, la participación de todos los involucrados en el caso Marta del Castillo, se condena a los implicados, o lo que sirve igual para conseguir el objetivo final, alguno de los involucrados confiesa y delata. Si en nuestro país se aplicaran dichas máximas, lo más probable es que todos los implicados en ese asesinato estuvieran hoy sentenciados aunque fuera a penas menores, de esas que a los dos años vuelves a estar en la calle aunque te hayan condenado a ocho.

Dos reflexiones más, una personal y otra que creo que cae de cajón ante casos como este: de la misma forma que mis lectores, he seguido el caso de esta pobre desdichada desde que se denunció su desaparición, y veía por televisión las imágenes de los ejemplares que formaban parte del círculo de amistades, del entorno, de la víctima. ¿A nadie más que a mí le parece que esta chusma ya pagaba con la cara? Empezando por el que todavía era menor de edad cuando se implicó en el asesinato y le llegan las greñas hasta el culo y camina por la calle como si fuera el amo del mundo y acabando por la presunta estudiante que curiosamente no vio ni oyó nada cuando en la habitación de al lado estaban asesinando a una amiga suya. No es que por ser feos o guapos merezcan una condena, pero repito: ¿A nadie más que a mí le parece que solo con verles ya tenían pinta de gentuza?

Segunda y última reflexión: nuestro pletórico Código Penal que permite que de media docena de personas implicadas en un asesinato solo una haya sido condenada y porque dijo él mismo que se la había cargado con un cenicero. Su confesión es todo lo que ha tenido el juez para poder condenar a alguien porque si no el pueblo se le hubiera echado encima aunque no duden que a ese profesional de la justicia, que no juez, le van a llover palos por todas partes. Él tiene su parte de culpa por no atreverse a condenar por presunta falta de pruebas, pero más culpa tiene nuestro Código Penal de juguete que tras la reforma impulsada por el lamentable señor Belloch alcalde de Zaragoza (así les irá a sus vecinos) y más aún lamentablemente refrendado por unanimidad en el Congreso en 1.995, ha convertido la mayoría de delitos en faltas. ¿Qué significa esto? Una falta no implica pena de prisión, y todos aquellos delitos sentenciados con dos años de prisión o menos conllevan que el condenado tampoco llegue a pisar una cárcel, que no le vendría mal para que reflexionara una temporada. Y si a eso le añadimos que por cada día de condena cumplida se resta otro a la pendiente y que por pasar la fregona en el patio de la cárcel se añade un punto positivo al expediente del preso como si estuviera en un colegio, tenemos el cachondeo de justicia que tenemos. Un último dato: un preso condenado a ocho años y un día por tráfico de drogas, cumple dos años de condena efectiva. A los dos años y un día se revisa su expediente y si ha sido buen chico en la cárcel por jugar al fútbol en el patio en lugar de clavarle un pincho a otro preso en una reyerta le conceden los denominados beneficios penitenciarios, que pasan por no acudir a la cárcel más que para dormir o los famosos fines de semana de permiso como en la mili que muchos aprovechan para desaparecer.

Obviamente, esto se hizo para desmasificar las prisiones españolas; recuerden, tenemos alrededor de 60.000 presos en nuestro conjunto de prisiones preparadas para albergar a no más de 40.000. ¿Y la solución era echarlos a todos de la cárcel y ponerlos de patitas en la calle? El 80% de los presos condenados por sentencia firme, aquella que ya no es recurrible, no se rehabilitan nunca, eso es un dato estadístico tan contundente como el de los violadores o pederastas, no es que sean unos criminales, son trastornados mentales que no pueden pertenecer a la sociedad que convive pacíficamente y sin delinquir. Pero ahí está el resultado, el mismo que se ha conseguido en Estados Unidos implantando la pena de muerte: ninguno. Los índices de criminalidad no han descendido. Y si por matar a Marta el tal Carcaño saldrá de la cárcel en 2.020 o antes, ya que lleva como preso preventivo una buena temporada y esa temporada ya cuenta como condena cumplida, podemos decirlo a voz en gritos: la justicia es una mierda. Políticos: a hacer los deberes de una vez, que da vergüenza vivir en este país.